Los ciudadanos de Castilla y León, donde 2.489 personas tienen
prohibido el acceso a casinos y bingos de España a petición propia o
por mandato judicial, se gastaron en 2009 un total de 1.169,91 millones de euros en juegos de
azar, un 9,74 por ciento más que en el ejercicio anterior. El gasto fue
de 976,01 millones en máquinas tipo B (tragaperras), de 154,29 en
bingos y de 39,61 millones en rockolas, según los datos del Anuario
Estadístico del Ministerio del Interior.
En todo el territorio español un total de 40.768 personas no pueden jugar en bingos y casinos,
de los cuales 12.733 corresponden a Andalucía. En Madrid, son 8.215
personas sobre las que pesa esa prohibición; 4.664 en Cataluña; 4.279
en Aragón; 2.489 en Castilla y León; 1.847 en la Comunidad Valenciana;
1.288 en Murcia; 805 en Extremadura y 782 en Canarias. La prohibición
afecta también a 649 ciudadanos de Baleares; 647 de Galicia, 393 en
Asturias; 386 en el País Vasco y Ceuta, 243 en Navarra, 250 en
Cantabria, 100 en La Rioja y 18 en Melilla.
